Adicciones, General, Salud Mental
Al presentar un informe sobre el tema del derecho a la salud en México durante la Reunión de la Red de Revistas de Derecho Constitucional, Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la construcción de un derecho a la protección de la salud representa un bien jurídico que aún es incipiente en México. Si bien señaló que en materia de derechos se ha tenido un avance que ha impulsado este derecho, en el tema todavía quedan pendientes. Afirmó que para lograr construir este derecho se requiere de una jurisprudencia a partir de las resoluciones de la Corte, pero también de la participación y aportación de todos los involucrados.
En este sentido, el investigador jurídico señaló que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto, que han generado algunos criterios obligatorios, entre ellos la equidad de género en el acceso a los servicios de salud, el abasto suficiente y oportuno de medicinas, y la obligatoriedad de que el estado desarrolle políticas públicas de salud.
Además de esta jurisprudencia, dijo, existen otros criterios no obligatorios que tienen que ver con medidas sanitarias, garantía de atención a desempleados que realizaron aportaciones al sistema de protección social y derecho a la atención para presos y pacientes de instituciones de salud mental.
Por su parte, durante su participación en el encuentro, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, informó que en México se registraron durante el año 2011 a un total de 550 mil personas dependientes a sustancias que no fueron atendidas por el sistema nacional de salud. En el 2008 esta cifra fue de 450 mil.
El funcionario destacó que los consumidores de alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes no tienen acceso, por parte de las clínicas y hospitales, a la atención especializada que requieren. México, explicó, es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado alcanzar el acceso
Al respecto, agregó, es necesario reformular las políticas públicas para atender este incremento de la población referida. Se requiere, dijo, orientar estas políticas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras dentro del esquema de atención y formación de personal especializado.
El sistema de salud de nuestro país debe ser capaz de garantizar que las personas adictas reciban tratamiento especializado y sean tratados como enfermos psiquiátricos y no como criminales, consideró Cano Valle. Para ello es indispensable el ampliar la cobertura de atención en hospitales y clínicas, afirmó.
